Este domingo 8 de noviembre no hubo urnas en Nicaragua. Según el calendario electoral, invalidado por la actual administración en este país centroamericano, cin, los nicaragüenses debían elegir presidente este día.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el 1 de septiembre una reforma constitucional que pone fin a las elecciones y amplía de seis a siete años el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La reforma pasó en primera legislatura y debe ratificarse en enero de 2027. Ortega la había anunciado el 19 de julio, en el aniversario de la revolución sandinista.
Washington eligió la fecha para recordarlo. Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, escribió en X: “No hemos olvidado que los nicaragüenses deberían estar votando en elecciones presidenciales hoy”. Acusó a los actuales gobernantes de haber “reescrito repetidamente las reglas durante los últimos cinco años” y llamó “déspotas” a la pareja presidencial.
“Que el pueblo nicaragüense, y no dos déspotas, pueda de nuevo decidir el futuro de Nicaragua”, dijo Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental
La presión pasa por la OEA
El mensaje no llegó solo. El 3 de noviembre, la OEA confirmó el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, integrado por diez países: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay y Perú. Tiene 60 días para proponer medidas diplomáticas y jurídicas, sin uso de la fuerza.
El grupo parte de una resolución del 2 de octubre que exige liberar a los presos políticos, informar sobre los desaparecidos, devolver la nacionalidad a quienes fueron declarados apátridas y garantizar elecciones libres.
Esta semana se sumó la Internacional Socialista. Su comité para América Latina, reunido en Montevideo, advirtió que la reforma “suscita seria preocupación por sus consecuencias para la representación política, el pluralismo y la alternancia en el ejercicio del poder”, y pidió “elecciones libres, periódicas, competitivas y transparentes”.
Detrás de la discusión constitucional hay cifras concretas. Al menos 72 opositores y críticos siguen en prisión, 33 de ellos en condición de desaparición forzada, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, que documenta los casos desde el exilio.
Lo que viene
El reloj marca dos fechas. A inicios de enero vence el plazo de 60 días del grupo de la OEA, y ese mismo mes la Asamblea debe ratificar la reforma. Si se aprueba, Nicaragua será el único país de Centroamérica sin elecciones previstas en su Constitución. La pregunta para la región es si la presión externa puede cambiar algo cuando el régimen ya decidió que el voto sobra.
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